06-11-2018
La aprobación del Presupuesto Nacional que implica ajuste en la obra pública y menos soluciones habitacionales para los chubutenses, ahora pone en riesgo a los equipos profesionales del IPVyDU.
El Gobierno Provincial apoyó la aprobación del presupuesto y amenaza con despedir a casi la mitad del plantel del Instituto en la ciudad de Puerto Madryn. Desde hace dos décadas, profesionales de distintas áreas trabajan con contratos que los ponen en una continua precarización laboral.
Ingresaron con procesos de selección por parte de las autoridades provinciales, con evaluación de conocimiento y experiencia profesional. Con el tiempo se han consolidado como un equipo especialista en la intervención física, social y ambiental en los diferentes barrios de la ciudad. Tarea que certifican mensualmente mediante informes aprobados por sus coordinadores y Directores.
Diversos han sido los proyectos pero se pueden mencionar como ejemplo de trabajo realizado. Entre ellos, los nueve PROMEBA en los barrios San Miguel, Perón, Roque González, Pujol, 21 de Enero y Nueva Chubut, o la recuperación del Barrio Ruca Hue. El mismo equipo ha generado y gestionado nuevos proyectos que implicaron nuevas inversiones en la provincia. Miles de millones de pesos en obras, 25% de la población de Madryn asistida con soluciones habitacionales, eliminación de condiciones sanitarias de emergencia y la transformación urbana de la periferia; muestran que la continuidad es indispensable.
Profesionales de la ingeniería y arquitectura que proyectan e inspeccionan las obras. De ciencias ambientales que desarrollan espacios públicos saludables y programas de educación ambiental en cada barrio. Trabajadores sociales que fortalecen las capacidades individuales y comunitarias. De la abogacía que han sostenido el mayor programa de regularización dominial de toda la provincia. Esta necesidad del IPVyDU además es un derecho adquirido por los trabajadores.
Quienes se encuentran contratados desde hace años y quienes compartimos el trabajo día a día, reclamamos la incorporación a planta de los 9 (nueve) compañeros que se encuentran en esta situación. Las leyes laborales provinciales y nacionales lo avalan. El ajuste no lo pueden pagar quienes trabajan, ni la comunidad madrynense perdiendo proyectos que garanticen un hábitat digno para todos.
